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Sentencia TC 122/2018, de 31 de octubre de 2018

By 3 enero, 2019 No Comments

LA SUBROGACIÓN DEL PERSONAL LABORAL EN PROCESOS DE REVISIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

El Tribunal Constitucional ha resuelto un recurso de inconstitucionalidad y anula dos disposiciones de la Ley de Presupuestos que evitaban que los trabajadores de servicios revertidos a lo público fueran considerados empleados públicos.

La Disposición Adicional 26ª, apartado uno, a) y b) de la Ley 3/2017, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, tiene como objetivo impedir la integración de los trabajadores de las empresas remunicipalizadas y, en general, las de aquellas en las que se ha producido la reversión a la Administración.

En concreto, la citada DA establece: “las Administraciones Públicas (…) no podrán considerar como empleados públicos de su artículo 8, ni podrán incorporar en dicha condición en una Administración Pública o en una entidad de derecho público: a) A los trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o de servicios públicos o de cualquier otro contrato adjudicado por las Administraciones Públicas previstas en el artículo 2.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, por resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del servicio conforme a la legislación de contratos del sector público que resultase aplicable a los mismos. b) Al personal laboral que preste servicios en sociedades mercantiles públicas, fundaciones del sector público, consorcios, en personas jurídicas societarias o fundacionales que vayan a integrarse en una Administración Pública”.

En este sentido, es preciso recordar que se produce la reversión de la actividad de una empresa pública o Administración cuando esta, habiendo subcontratado un servicio durante un tiempo, decide asumir el mismo con sus propios medios, extinguiendo la correspondiente contrata e interiorizando la prestación del servicio.

En primer lugar, el TC recuerda que la Ley de Presupuestos (LPGE) puede incorporar disposiciones no estrictamente presupuestarias cuando la conexión de la medida incorporada a los PGE sea directa, inmediata y querida por la norma.

En todo caso, no ocurre así en la disposición impugnada, afirma el Tribunal, pues su finalidad no es la contención del gasto público, como argumenta el Abogado del Estado, ya que el gasto que generarán los trabajadores subrogados a la Administración existirá sea cual sea la forma o modalidad jurídica como se incorporen, ya que no puede llegarse a otra conclusión si se aplica el régimen laboral de sucesión de empresas.

Sin embargo, razona la sentencia, no es descartable que tal regla pudiera eventualmente tener algún efecto sobre el gasto público, pero el mismo no es inmediato ni directo y, en todo caso, tal eventual efecto no puede implicar que deba entenderse automáticamente justificada la inclusión en la Ley de presupuestos.

Ver Sentencia Tribunal Constitucional 122/2018