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El futuro de los beneficiarios de pensiones de incapacidad en los centros especiales de empleo

By 1 junio, 2019 No Comments

A finales de noviembre de 2018 se dictaron por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo tres sentencias (993, 994 y 995), en las que se establece que el Real Decreto Legislativo 1/2013, incurrió en ultra vires al equiparar a los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad con los discapacitados con un grado del 33% “a todos los efectos”.

En efecto, dicho Real Decreto Legislativo, al refundir la Ley 51/2003, la Ley 13/1982 y la Ley 49/2007, extendió la equiparación, que sí contenía la Ley 51/2003 (únicamente a sus propios efectos), utilizando la expresión “a todos los efectos”, de modo que se extendió sino a todos los efectos que pudieran estar previstos en el ordenamiento jurídico si, al menos, a los del texto refundido, que incluía efectos previstos en normas distintas de la Ley
51/2003.

Esta equiparación extendida permitió que los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, teniendo automáticamente reconocida una discapacidad del 33% tuvieran acceso a los Centros Especiales de Empleo, ahora bien, una vez declarado el exceso ultra vires por el Alto Tribunal, comenzó a plantearse por los distintos servicios de empleo autonómicos, encargados de otorgar las subvenciones a dichos Centros, si debían respetarse las equiparaciones ya efectuadas y sus consecuencias sobre las contrataciones que hubieran realizado los Centros Especiales de Empleo, sus efectos sobre los porcentajes de discapacitados que estos deben reunir para acceder a la acreditación o a distintas subvenciones así como las posibles bonificaciones de Seguridad Social que se refieren a los contratos de trabajo con los discapacitados.

pension discapacidadA raíz de estas consultas elevadas por los servicios autonómicos, se ha emitido un informe interno por el SPEE sobre la cuestión, en él se establece como criterio de actuación, no sólo de la falta de efectos retroactivos de las sentencias, sino que se respetarán las asimilaciones que ya se hubieran producido a todos los efectos relativos a los Centros Especiales de Empleo, tales como subvenciones o bonificaciones. No obstante, el propio informe hace una distinción entre los trabajadores contratados con anterioridad a la publicación de dichas sentencias y los contratados con posterioridad, entendiendo que el respeto a dicha asimilación no es aplicable respecto a estos últimos.

Ésta última afirmación nos genera ciertas dudas, considerando que el respecto a dicha asimilación debe incluir también a los trabajadores contratados por los Centros Especiales de Empleo entra la fecha de las sentencias y la presente, incluso a futuro en cierta medida, puesto que esa contratación se hace en base a una suerte de “puesta a disposición” que el SEPE realiza del trabajador presuntamente discapacitado al CEE, por lo que en base a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima en la actuación de la administración no se puede responsabilizar a los CEE causándoles un
perjuicio, por lo que si la administración intentara revertir dichas contrataciones incurriría en supuestos de responsabilidad por las cantidades que los CEE dejaran de percibir (o tuvieran que abonar).

No podemos dejar de mencionar el hecho que esta postura del SEPE parece obedecer a una decisión discrecional, es decir, no tiene ninguna obligación legal de actuar de este modo. Bien es cierto que, con esta forma de actuar el SEPE parece estar reconociendo su culpa y, con ello evitar las consecuentes reclamaciones de responsabilidad patrimonial, pero, dejando claro que lo ya ocurrido (subvenciones cobradas, bonificaciones aplicadas…) no podrá ser alterado por la administración pretendiendo su reversión, no es posible asegurar que en el futuro no se vaya solicitar por
la administración una revisión del grado de discapacidad de los sujetos sobre los que se hubiera producido esa asimilación y, aquellos cuya discapacidad real, a ojos de los equipos de valoración, no alcance el 33%, pudiera ver perdido su certificado.

Debe entenderse que la mencionada revisión del grado no puede afectar a los puestos de trabajo a los que los trabajadores hubieran accedido de buena fe, es decir, al no tratarse la discapacidad de una condición necesaria del puesto de trabajo, sino una condición que aprovecha la empresa para acceder a determinados beneficios, no parece posible extinguir de forma procedente el contrato en base a la pérdida de dicha condición. Y ello sin perjuicio de que, la revisión del grado, si pueda afectar a los empresarios, pues dichos trabajadores ya no computarían para las cuotas reservadas o los porcentajes necesarios para acceder a subvenciones, así como para que las propias cotizaciones del trabajador concreto se vean bonificadas.

Pero, en definitiva y, en resumen, más allá de las consideraciones realizadas y de cara al futuro, no, los trabajadores que tuvieran reconocida una de las prestaciones por incapacidad referidas, no podrán computarse como discapacitados con un grado del 33% de forma asimilada y automática, sino que deberán acreditar dicho grado de discapacidad, o superior, mediante el certificado correspondiente del correspondiente servicio de cada  comunidad autónoma.